Fuente: Animal Político.

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Reyna Mora, Julene Iriarte, Paola Díaz, Laura Yaniz / Alumnos del tercer semestre de la Maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE

Miles de migrantes son víctimas de la falta de políticas que obliguen a los países a priorizar los derechos humanos por encima de la seguridad. Los países de paso de migrantes fallan como anfitriones y México no es la excepción.

En la década de los ochenta, al inicio del conflicto armado en El Salvador, México reconocía el problema de los desplazados y le otorgaba el estatus de refugiado a quien lo necesitara, recuerda Gabriela Hernández, coordinadora de un albergue para migrantes en el DF.

Sin embargo, la situación cambió. Las historias ya no cuentan viajes sencillos, sino episodios violentos, que pocas veces son atraídos por las autoridades mexicanas. Tal es el caso de una migrante hondureña, víctima de violencia en Tabasco, cuyo testimonio leyó el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza:

“Estábamos caminando de noche por la carretera que va de El Ceibo (cruce de Guatemala a México) a Tenosique, Tabasco, porque pensamos que así sería más seguro. Cuando íbamos pasando por el basurero aparecieron cuatro hombres, dos tenían pistolas y los otros dos machetes.

“Me dijeron, te vamos a revisar muy bien, no te resistas porque te va a ir peor. Me empezaron a tocar, me bajaron el pantalón (…) Cuando fui a poner la denuncia, los de medicina forense no estaban porque andaban de vacaciones. Hago esta denuncia para que no les pase a otros”, leyó con voz entrecortada Álvarez Icaza.

El funcionario de la CIDH refirió este caso como un ejemplo de las violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México y criticó la falta de políticas que vean la migración como un asunto de derechos humanos.

El ombudsman de la CIDH lamentó que el Programa Integral Frontera Sur, instaurado por el gobierno federal en julio de 2014, se sustente en el programa de Seguridad Nacional y no en el Plan Nacional de Desarrollo, con un enfoque de protección a los derechos humanos.

La respuesta de México

En 2014, una ola de menores de edad que viajaban solos hacia Estados Unidos encendió las alarmas. Muchos de los menores fueron enviados por sus padres, quienes apostaron a que sus hijos sobrevivan en el camino, en lugar de condenarlos a morir víctimas de la violencia de Centroamérica.

Ante este fenómeno, el presidente Barack Obama llamó a contener el flujo de migrantes yMéxico reaccionó con la creación del Programa Frontera Sur, que incluye más agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), más retenes itinerantes y las verificaciones en hoteles y alojamientos, incluidos parques y jardines donde pernoctan migrantes.

Además, las autoridades mexicanas instalaron barreras físicas y aumentaron la velocidad de ‘La Bestia’, con lo que buscan evitar que los migrantes se suban al tren, el medio de transporte más popular en el flujo migratorio. No obstante, estos cambios no han detenido la migración, sólo la hacen más peligrosa.

El reforzamiento de los operativos y el aumento de las detenciones y deportacionesobligan a los migrantes a optar por rutas más riesgosas, lo que los hace más vulnerables a sufrir delitos y violaciones a los derechos humanos.

El cambio en las rutas hace inoperantes las redes de apoyo, como los albergues, o el trabajo de Las Patronas, que tradicionalmente proporcionaban agua y alimentos a los migrantes.

Omar de la Torre, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, reconoce que uno de los objetivos principales del Programa Frontera Sur es la contención del flujo migratorio, por lo que se privilegian las detenciones y deportaciones, aunque asegura que el gobierno federal tiene interés en proteger los migrantes, por lo que trabaja con organizaciones civiles, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, el Programa Frontera Sur es criticado por organizaciones de la sociedad civil. “Su política (del gobierno federal) ha funcionado muy bien, han contenido la frontera y las acciones que se han escogido no han tenido costo político”, señala Gretchen Kuhner, fundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI). “Como sociedad civil no hemos presionado lo suficiente para que los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur sean respetados”, agrega.

La misión de IMUMI es trabajar para que se concedan más “visas humanitarias”, las cuales concede la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a extranjeros que hayan sido víctimas de algún delito en suelo mexicano, lo que les da la posibilidad de establecerse y trabajar durante un año.

Los problemas de los albergues

En la zona de Observatorio, al poniente del DF, se encuentra el alberge “Tochan, Nuestra Casa”, administrado por Gabriela Hernández, quien dejó de ser una burócrata hace 20 años para volcarse a defender a los centroamericanos en México.

El albergue no cuenta con apoyo gubernamental, por lo que no hay presupuesto para contratar ayuda y las labores domésticas las realizan los propios migrantes. La coordinación de las actividades está en manos de Víctor, un refugiado de la guerra salvadoreña, quien también se desempeña como consejero y se encarga de enseñar carpintería para que los migrantes puedan tener algún ingreso.

“Todos traemos problemas, distintos. Unos llegan en buena onda en querer ver el albergue como su casa, a otros les cuesta mucho. Empiezan a aprender que están en otro lado”, dice Víctor.

Tochan recibe hasta a 20 migrantes al mismo tiempo y les da hospedaje por un periodo de entre 15 días y tres meses, por lo que es un albergue para migrantes que no sólo están de paso, sino que por una u otra razón han tenido que hacer una pausa y esperar.

Uno de esos migrantes es Nelson, quien dejó El Salvador desde muy joven para ir a Estados Unidos, se estableció en California, donde vivió por nueve años y tuvo un hijo. Pero tras la muerte de su madre, regresó a su país para acudir al entierro, asumiendo el riesgo que significaba el viaje de regreso sin papeles. Nelson ya lleva cuatro meses en México.

“Quiero regresar, pero se ha puesto muy difícil. Hay asaltos, a veces los mismos policías nos quitan las cosas. Está difícil. Chiapas y Oaxaca, son las dos partes más difíciles para pasar (…) tenemos que andar en la vía, te quitan el dinero, la ropa, los zapatos, uno tiene que buscar la manera de sobrevivir”, cuenta.

De migrante a migrante

Luis Alberto López es un salvadoreño que desde 2001 busca a su hermano Juan Carlos, quien despareció en su tránsito por México hacia Estados Unidos. Luis Alberto narra que, cuando vino a México a denunciar la desaparición de su hermano, las autoridades lo maltrataron, le tomaron su declaración y la archivaron en un cajón.

Frustrado ante la inacción de la justicia mexicana, Luis Alberto fundó el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) de la mano de Anita Zelaya, cuyo hijo de 22 años desapareció en mayo de 2002.

En 2009, el Cofamide realizó una caravana en México para denunciar las desapariciones de migrantes centroamericanos y un año después firmaron un acuerdo con la PGR, la Cancillería y el Equipo Argentino de Antropología Forense para organizar un banco de perfiles genéticos para identificar los restos de centroamericanos desaparecidos y entregarlos a sus familiares, ya que ha habido casos en los que familias reciben restos equivocados.

Desde su creaciòn, el Cofamide ha logrado que 36 familias recuperen los restos de sus familiares fallecidos en suelo mexicano; no obstante Luis Alberto señala que los avances han sido lentos y no hay justicia ni reparación del daño por parte de los gobiernos de México o de El Salvador.

Las propuestas de mejora

Hace dos años y medio se fundó el Consejo Ciudadanos del Instituto Nacional de Migración, único espacio formal de participación ciudadana con el Instituto. Rodolfo Córdova, investigador de Fundar, un centro de análisis e investigación que busca generar cambios estructurales que transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y gobierno, fue su director durante dos años.

A partir de su experiencia, Córdova reflexiona sobre la situación actual: “Existe un contexto muy delicado para las personas que migran desde o a través de este país. La situación de vulnerabilidad se incrementa cuando son personas sin documentos. Además, el hecho de que una proporción importante sean personas refugiadas, que escapan de una situación de violencia en sus países de origen, obliga a pensar en respuestas que, de inicio y sin duda alguna, van mucho más allá de la gestión y control migratorio”.

Por ello propone que “el Ejecutivo asuma las responsabilidades que el Estado mexicano tiene de velar por la seguridad de las personas que se encuentran en su territorio, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la legislación nacional en términos de derechos y bienestar de las personas”.

Entre las recomendaciones que hace para el futuro se encuentran:

  • Elaborar una propuesta para la expedición de visas por razones humanitarias,
  • realizar un protocolo de uso de la fuerza con enfoque de derechos humanos,
  • incluir indicadores de derechos humanos en el Plan Anual de Trabajo del INM,
  • echar a andar a la Dirección General de Asuntos Internos que da seguimiento a los abusos cometidos por los agentes migratorios.
  • crear una política de asilo y refugio digna del Estado mexicano y
  • asegurar que los presupuestos sean suficientes para implementar el Plan Especial Migratorio, y ampliar el Programa Temporal de Regularización Migratoria hasta diciembre de 2018.