Fuente: Sin Miedos

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Por Norma Peña y Lina Marmolejo

Cuando hablamos de crisis en nuestras cárceles, pensamos en instalaciones sobrepasadas de gente, con camarotes de muro a muro, de patios desbordados de gente.

Y pensamos en hombres. Pero hay otra realidad en nuestros países y en el mundo: la creciente presencia femenina en nuestros centros penitenciarios y los desafíos que eso implica.

Los números nos muestran una realidad impactante y nos llaman a la acción.

La organización no gubernamental Prison Policy Initiative presentó recientementeun informe sobre el estado de las mujeres en prisión, en el que comparó los niveles de encarcelamiento de mujeres en Estados Unidos con el contexto internacional. Ya se sabía que Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelamiento del mundo, equivalente a 716 privados de libertad por cada 100.000 habitantes.

Pues para el caso de las mujeres, el escenario no es muy diferente.

Estados Unidos se encuentra en segundo lugar de encarcelamiento (127 mujeres por cada 100.000), después de Tailandia (130 por cada 100.000). Incluso, si los estados de EEUU fueran comparados internacionalmente como países, ocuparían el top 25 de encarcelamiento, con  tasas superiores incluso a la de Tailandia, que en esta lista estaría en el lugar 26. Es tal la desproporción en el nivel de encarcelamiento de mujeres, que EEUU tiene solo el 5% de la población femenina mundial pero contribuye un 30% de las mujeres encarceladas. Esto equivale aproximadamente a 206.000 mujeres en las cárceles y prisiones del país.

La realidad que presentan estos números es preocupante. La pregunta que nos surge es entonces: ¿dónde se encuentran los países de América Latina y el Caribe en este panorama? Este mismo reporte del Prison Policy Initiative presenta las tasas de encarcelamiento de mujeres para algunos países de América Latina y el Caribe:

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A nivel mundial, la población carcelaria femenina creció un 50% entre el año 2000 y el 2015. En ese lapso de tiempo, en América Latina y el Caribe esta población pasó de un estimado de 36,623 a 87,438[1] según datos del International Centre for Prison Studies.  Este crecimiento se debe principalmente a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Como explicaMaría Noel Rodríguez de UNODC, las mujeres por lo general se encargan de entregar la droga al consumidor, lo cual implica un mayor riesgo a ser capturadas por las autoridades.

El narcomenudeo suele permitirles cuidar de sus hijos y familia, generando ingresos que difícilmente se igualan con otras actividades. La participación de las mujeres en el tráfico de drogas suele estar ligada a su relación con los hombres con quienes tienen una relación de pareja. Muchas mujeres son apresadas por complicidad en el tráfico que realizan sus parejas, por traficar entre fronteras como “mulas” o por ingresar pequeñas cantidades de droga a los centros penitenciarios donde se encuentran  sus parejas.

La mayoría de las mujeres en prisión son madres, quienes pueden estar con sus hijos solo hasta cierta edad, o simplemente no estarlo, dependiendo de la legislación de cada país. El encarcelamiento de la madre genera una ruptura familiar irreparable y graves consecuencias para los hijos, quienes pasan al cuidado de familiares, vecinos, amigos o a la tutela del Estado. Los niños cuyo padre o madre se encuentra en prisión tienen mayores probabilidades de abandonar el sistema escolar y de entrar en conflicto con la ley. La separación también afecta a la madre encarcelada, en especial cuando el centro penitenciario carece de facilidades para mantener los lazos familiares como guarderías, servicios de salud materno- infantil y mental y apoyo psicosocial en la fase de separación, o cuando estos se encuentran alejados de las viviendas de sus familiares, afectando la frecuencia de las visitas. No obstante, existe evidencia controvertida del beneficio o no que trae consigo tener a los hijos cerca y mantener los lazos familiares en la reinserción de las mujeres, y en el futuro desarrollo de los niños[2].

Adicionalmente, como explica Ana Cárdenas de la Universidad Diego Portales, las privadas de libertad sufren el doble estigma de haber abandonado a sus hijos y familias, además de la conducta criminal en la que incurrieron. Junto con Elena Azaola resaltan que en muchas ocasiones las cárceles reproducen estructuras patriarcales y roles tradicionales de género al no brindar opciones laborales y de ingreso económico, al brindar una oferta limitada de capacitación, o al promover la participación solo en labores de aseo y mantenimiento de la infraestructura, con baja potencialidad de vinculación laboral posterior.

Tradicionalmente, los centros penitenciarios han sido pensados respondiendo a las necesidades de la población penitenciaria masculina. Consciente de esta situación, en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lasReglas Mínimas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, o “Reglas de Bangkok”. Este compendio de 70 reglas presenta los parámetros que las autoridades de justicia y sistema penitenciario deberían adoptar para el tratamiento de las mujeres en conflicto con la ley.

Rehabilitación con enfoque de género

En los últimos años la región ha visto surgir algunas iniciativas promovidas desde las prisiones o con el apoyo de la sociedad civil y el sector privado, hacia una rehabilitación con enfoque de género y una adecuada atención post-penitenciaria, que facilite la reinserción social y laboral. Esto se observa en la existencia de algunos programas de pre-egreso, de acompañamiento sico-social para atender los factores de riesgo, de preparación y capacitación para el trabajo, de emprendimiento y autonomía económica, y de reconstrucción y mantenimiento de los vínculos familiares. Varios países han impulsado legislaciones con alternativas al encarcelamiento para cumplir penas en libertad, lo cual permite mantener los lazos familiares y trabajar sin el estigma del encierro.

No obstante, es fundamental seguir respondiendo a los múltiples desafíos que enfrenta nuestra región con respecto a su población penitenciaria. Algunos desafíos son generales asociados al crecimiento de privados de libertad, al alto porcentaje de población en prisión preventiva y al alto grado de hacinamiento, según Olga Espinoza de la Universidad de Chile. Otros desafíos son específicos para las mujeres como explica Ana María Morales de Paz Ciudadana. Tomando el caso de Chile, que es válido para toda la región, se necesita entender mejor las trayectorias delictuales de las mujeres, analizar el uso de la prisión preventiva y ofrecer programas de intervención con enfoque de género.

En su marco de trabajo en Seguridad Ciudadana y Justicia, el BID proporciona asesoría técnica y financiera a los países de la región para que las personas privadas de libertad accedan a programas de rehabilitación y reinserción, de manera eficiente y oportuna, asegurando las garantías de sus derechos. Las líneas de acción buscan incrementar la oferta y acceso de servicios básicos de justicia penal, ampliar la oferta de mecanismos alternativos a la prisión, racionalizar el uso de la prisión preventiva y mejorar los mecanismos de rehabilitación y reinserción para privados de libertad.

En futuros posts, presentaremos algunas de las iniciativas que el BID está adelantando para promover la reinserción de mujeres privadas de libertad, así como el trabajo que algunas ONGs de la región.

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[1] Cálculos hechos con base en datos de entre 1999 a 2003 para la primera cifra y con el último dato disponible para cada país para la segunda cifra (que corresponde a los años: 2015, 2014, 2013 y 2012).

[2] Ver Children’s Family Environments and Intellectual Outcomes during Maternal Incarceration de Julie Poehlmann (2005) y The Impact of Maternal Imprisonment on Children’s Educational Achievement: Results from Children in Chicago Public Schools de Rosa Minhyo Cho (2009).

Crédito foto: Flickr CC Javier Morales