De acuerdo a la metodología del OCJ, donde evaluamos el avance y la calidad de la implementación del nuevo sistema en una escala del 0 al 100%, Nuevo León alcanzó un 80%[1].

El OCJ además de observar la justicia, genera recomendaciones concretas que permiten una mejor colaboración entre sociedad civil y gobierno.

En este sentido, generamos las siguientes veinte recomendaciones, que al cumplirse, contribuirán a que Nuevo León cuente con todos los recursos, las herramientas y la infraestructura que necesita para operar de forma óptima el nuevo sistema de justicia penal.

Las recomendaciones están directamente relacionadas con los ocho ejes temáticos de la metodología del OCJ: Normatividad, Acuerdos Políticos, Capacitación, Reorganización, Tecnologías, Difusión y Constitucionalidad.

Diecisiete recomendaciones están directamente relacionadas con los ocho ejes señalados y las últimas tres tienen que ver con temas transversales: presupuesto, derechos indígenas y enfoque de género.