Fuente: El Universal (original)

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Isaías Robles
14/11/2015

Señalan que con la implementación del nuevo mecanismo se agilizan sentencias.

El nuevo Sistema de Justicia Penal ha permitido que 15 mil personas que cometieron delitos menores y sin violencia en 12 entidades no pisaran la cárcel, y que en el Distrito Federal la población penitenciaria se redujera de 41 mil a 36 mil reos durante los últimos ocho meses, aseguró María de los Ángeles Fromow, secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

En entrevista con EL UNIVERSAL, agregó que en los lugares donde se aplica este nuevo sistema se ha logrado que la ciudadanía “tenga una atención directa, asistencia jurídica, reparación del daño para las víctimas y una justicia más pronta y expedita”. Muestra de ello, explicó, es que las sentencias que antes tardaban en dictarse hasta dos años y medio, ahora se fijan en un promedio de tres meses.

Agregó que a siete meses de que el nuevo mecanismo penal entre en vigor en todo el país, sólo seis estados lo implementan al 100%, aunque en el resto de las entidades hay avances graduales y existe la certeza de que se cumplirá el plazo el 18 de junio de 2016.

Entre los estados con mayor retraso para la puesta en marcha de este modelo, detalló, está Sonora y será hasta el 15 de diciembre cuando llegue a Hermosillo, y a partir de ahí se aplicará al resto de los municipios. Mientras que en Baja California Sur y Baja California se espera que el sistema opere en breve.

Advirtió que no habrá prórroga y que todos los procesos que realicen las entidades a partir de la fecha establecida, fuera de este sistema, podrán ser declarados inconstitucionales.

“Inmediatamente cualquier persona detenida fuera de las normas del nuevo Sistema de Justicia Penal tendría que ser dejada en libertad, porque el procedimiento tiene que seguirse conforme a las nuevas reglas. Si la persona es procesada con las reglas anteriores después del 18 de junio de 2016 se estarían vulnerando sus derechos”.

Incluso, detalló que las víctimas podrían exigir al Estado una reparación del daño de no verse beneficiadas con la aplicación de este nuevo marco jurídico.

Fromow expuso que 2016 es el “año clave” en materia de infraestructura, equipamiento y profesionalización, por lo que solicitaron un presupuesto de 4 mil millones de pesos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda sólo propuso a la Cámara de Diputados que les concedieran 750 millones. “Lo cierto es que cualquiera que sea el resultado, tendremos que sumar esfuerzos con otras instancias, con el Secretariado Ejecutivo que maneja otros fondos para la seguridad pública, con instancias que combaten la violencia”